La Corte Suprema emitió su informe sobre el proyecto de ley que “Promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor”
El 15 de octubre de 2024, por medio de Oficio 362-2024, la Corte Suprema emitió su informe al Congreso Nacional sobre el proyecto de ley que "Promueve el envejecimiento positivo, el cuidado integral de las personas mayores, y el fortalecimiento de la institucionalidad del adulto mayor" (Boletines refundidos N°13.822-07, 12.451-13 y 12.452-13), en respuesta al Oficio N°185/2024 de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad de la Cámara de Diputados, que solicitó su opinión conforme al artículo 77 de la Constitución Política de la República.
El proyecto, actualmente en segundo trámite constitucional, busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas mayores, en condiciones de igualdad. La Corte destacó varios aspectos clave del proyecto. Primero, valoró el cambio terminológico de "adulto mayor" a "persona mayor", que se alinea con estándares internacionales. También subrayó que se han incorporado varias de sus observaciones previas de 2021 (emitidas con ocasión de una primera consulta del Congreso Nacional), como la mejor definición de los derechos de las personas mayores y la eliminación de disposiciones que potencialmente vulneraban su autonomía.
El tribunal expresó preocupaciones sobre la carga administrativa que podría generar para los tribunales el gestionar casos de abandono social, proponiendo, además, ajustes a las definiciones normativas de "dependencia" y el "abandono social". Además, sugirió que se clarifiquen ciertos procedimientos para asegurar una aplicación eficiente de las medidas de protección judicial. El informe resalta la importancia de proteger la dignidad, autonomía y acceso a la justicia de las personas mayores, sugiriendo que se añadan algunas disposiciones para fortalecer la protección judicial efectiva. También se analizaron los aspectos procesales del acceso igualitario a la justicia y el trato preferente que las personas mayores deben recibir en los tribunales.
Finalmente, la Corte expresó su respaldo general al proyecto, destacando su coherencia con los principios de igualdad y no discriminación por razones de edad. Sin embargo, recomendó la implementación de mejoras procesales y ajustes legislativos para asegurar que la propuesta funcione de manera efectiva en la práctica judicial y en la protección de los derechos de las personas mayores.